Vivir en un edificio sin ascensor puede ser una molestia asumible o una auténtica pesadilla que incluso impide a muchas personas salir de su casa. Es lo que ocurre con la población de más edad o aquella con movilidad reducida que reside, en muchos casos, en edificios antiguos y con una baja pensión que impide hacer frente a la inversión requerida para instalar este tipo de equipamientos. Y no es un fenómeno menor.
La falta de equipamientos es uno de los indicadores más evidentes para que las administraciones se pongan manos a la obra. Los informes permiten conocer, por ejemplo, que el 11% de los bloques de tres o más alturas del barrio de Torrero no tienen ascensor. Es el distrito que sale peor parado, aunque le siguen de cerca el Casco Histórico (10%), Las Delicias y Oliver (9%). Por contra, este problema solo afecta al 0,4% de los edificios del Actur.
Financiación
Uno de los pasos más importantes que se dio para mitigar este tipo de carencias llegó en 2013 con la Ley de derechos de las personas con discapacidad, que eliminó el quórum entre los vecinos a la hora de aprobar o desestimar obras de mejora de la accesibilidad. Hasta entonces, la mayoría de las comunidades requerían tres quintas partes de los votos favorables, pero la nueva regulación obliga a acometer las obras si un solo propietario lo pide. Cada escalera tenía cuatro años de plazo (hasta diciembre de 2017) para ejecutar estas mejoras, pero la realidad es que la lentitud en este tipo de procesos y las trabas propiciadas por algunos vecinos –normalmente, de los pisos más bajos– han diluido el efecto.
Además, si las obras exigían desembolsar más de 12 mensualidades de los gastos comunes, descontadas las ayudas públicas, sí se requiere de la mayoría de votos. En la capital aragonesa, apenas 4.800 viviendas han acometido reformas para mejorar su accesibilidad desde entonces.
El coste y la falta de ayudas públicas, según denuncian las asociaciones vecinales, también han hecho mella. Las estimaciones del sector cifran el coste de la rehabilitación integral con instalación de ascensor de un inmueble tipo de 15 viviendas en unos 140.000 euros, y muchos residentes alegan que no pueden hacer frente a tal derrama, pese a las posibilidades de financiación.
Edificios antiguos
Los informes de Ebrópolis permiten conocer que algunos de estos problemas tienen su origen en la antigüedad del parque inmobiliario de la ciudad. La mitad de los edificios se construyeron antes de 1980, y uno de cada cuatro, durante el ‘boom’ urbanístico de los años 70. Este envejecimiento se refleja en la falta de otro tipo de equipamientos, como los garajes. Un total de 102.177 zaragozanos no tienen aparcamiento privado en su manzana. En cuanto a la superficie de las viviendas, las más pequeñas están situadas «en el cinturón de barrios obreros consolidados» donde «prácticamente en su totalidad son de entre 40 y 80 metros cuadrados«, destaca el estudio. Por contra, los de mayor tamaño se encuentran en el Centro y el Actur.
«Si no lo instalan me tendré ir como han hecho muchos en el barrio»
«Vine al barrio con 22 años y voy a cumplir 71, pero si no instalan un ascensor me tendré que ir como ya han hecho muchos vecinos», relata María Vallejo, residente en la calle del Valle de Gistaín, en uno de los edificios de Balsas de Ebro Viejo que no cuentan con este equipamiento.
«Vivo en un cuarto y afortunadamente aún tengo salud, pero no sé qué pasará en los próximos años», explica. Además, comenta que «hay gente muy mayor con problemas de salud a las que hay que resolverles la accesibilidad». Vallejo, que es viuda y vive sola, es un perfil habitual en la zona. «Es un barrio de gente trabajadora, con muchas viudas que tienen pensiones mínimas que no llegan para pagar la reforma», lamenta, por lo que reclama «más ayudas públicas» .
Esther Blasco es la presidenta de la asociación de vecinos: «De las 1.530 viviendas que hay en la zona, unas 1.300 no tienen ascensor», denuncia. Es decir, alrededor de 130 portales. Por eso, invita a «cualquier empresa» a que «ofrezca facilidades de pago» y así reactivar la rehabilitación en el barrio.«Muchos pisos están vacíos porque la gente se ha ido cansada de no tener ascensor», declara la representante vecinal.
Además, recuerda que «si lo necesitan tienen derecho a exigirlo, y los que no quieren, que sepan que tienen la obligación de resolverlo», según la ley de derechos de las personas con discapacidad. En algunos portales ya se han puesto de acuerdo y han iniciado los trámites. Es el caso de Sierra de Guara números 14 y 16, donde Urbanismo les ha dado el visto bueno para instalar un elevador para ambas escaleras. Paco, uno de los vecinos, espera que la administración no ralentice el proceso. «Tenemos una vecina de 93 años que lleva cinco sin poder salir de casa», advierte.
Fuente: Heraldo.es