Todos los ascensores de España podrían mover a toda la población del país cinco veces cada día. Se trata de un medio de transporte que, al igual que los edificios en los que se ubica, envejece con los años. La Federación Empresarial Española de Ascensores (Feeda) estima que más de 500.000 elevadores (el 80% se encuentra en edificios residenciales) tienen más de 20 años. Sólo en la Comunidad de Madrid, el parque de ascensores supera los 164.000 aparatos, de los que aproximadamente la mitad lleva más de dos décadas en servicio.
A partir del 20 de abril de 2016, una nueva Directiva europea obligará a las empresas a instalar ascensores más seguros. «Los elevadores tendrán que cumplir con una serie de requisitos que afectarán, entre otros aspectos, a su nivelación, a la necesidad de disponer del servicio de teleasistencia o al bloqueo de las puertas automáticas«, resume Pablo García, asesor industrial del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid). Por ejemplo, «las puertas de las cabinas deberán permanecer cerradas y bloqueadas en caso de pararse el ascensor entre dos niveles», se puede leer en el texto del Proyecto sobre el que trabaja el Ministerio de Industria para su transposición al ordenamiento español.
Sin embargo, la Directiva sólo es de aplicación para los elevadores nuevos. ¿Qué ocurre entonces con los ascensores existentes? «Lo ideal sería que, dado que los avances tecnológicos se suceden constantemente, se legislaran medidas destinadas a incrementar la seguridad de los ascensores existentes al menos con la misma periodicidad con la que se actualizan las normas armonizadas que dan presunción de conformidad a las directivas», demanda Javier del Pozo, presidente de la Feeda. Y ello, independientemente de su fecha de instalación.
En España, la primera directiva de ascensores entró en vigor el 1 de julio de 1999, «lo que supuso un sensible incremento del nivel de seguridad de los ascensores puestos en servicio», recuerda Del Pozo. En aquella época, funcionaban en el país 566.000 ascensores. A 31 de diciembre de 2014, según datos de la Feeda, había más de un millón de ascensores en funcionamiento, un número similar a los existentes en Italia. «Uno de cada dos ascensores no ofrece los estándares de seguridad que se vienen exigiendo a los nuevos desde hace más de 15 años», concreta su presidente.
Pero es previsible, cuentan esperanzados desde la Feeda, que aun cuando la Directiva europea no tenga efecto inmediato sobre los ascensores más antiguos, la norma se adapte a medio plazo en España mediante un Real Decreto, como ya ocurriera con la anterior Directiva.
Principales incidencias
Los problemas e incidencias que presentan los ascensores con más de 20 años no son pocos. Los ruidos producidos por los motores, los arranques y las paradas bruscas, el desgaste de poleas y demás elementos, así como la falta de precisión en la parada de las cabinas son, según el CAFMadrid, los incidentes que acaparan mayor número de quejas.
No obstante, las estadísticas de accidentes que maneja la Feeda reflejan que el ascensor es el medio de transporte más seguro. Cerca del 40% de los incidentes se debe a la falta de nivelación de la cabina (durante 2014 se registraron 20 accidentes graves y 106 leves por esta causa), el 20% a la carencia de dispositivos de protección frente al cierre inesperado de las puertas y, aproximadamente, el 15% al movimiento incontrolado de la cabina. Preocupan, en especial, aquellos ascensores sin comunicación bidireccional donde no se puede garantizar un rescate en tiempo adecuado o los elevadores que no cuentan con algún dispositivo de protección contra el cierre de puertas.
La Directiva supondrá una auténtica revolución para el entorno residencial. No sólo regula y unifica en Europa el diseño, la fabricación, la distribución y el montaje del mercado de ascensores hasta su puesta en funcionamiento, sino que también incide en el concepto de «vigilancia del mercado». Es decir, «los ascensores tienen que ser seguros desde el origen y además hay que disponer de recursos y herramientas que garanticen esa seguridad a lo largo de toda su, habitualmente, larga vida», puntualiza Del Pozo. Una vigilancia que en España corresponde a las administraciones autonómicas, ya que tienen las competencias en materia de seguridad industrial.
Como novedad, la nueva norma también exigirá al instalador una trazabilidad de los componentes de seguridad del ascensor, de forma que, ante un posible fallo de producto o diseño, que pueda detectarse en el futuro, sea posible localizar de forma rápida (en el ámbito de la Unión Europea) todos los ascensores que han sido instalados con ese problema.